Tras el
susto de hace casi dos semanas y la posterior
marcha atrás, el El Gobierno ha vuelto sobre sus pasos y acaba de prensetar algo parecido al polémico y retirado artÃculo 17bis en el "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet". En él basicamente se vuelve a colocar a la SGAE y otras organizaciones afines en el papel de los jueces, pudiendo ordenar al prestador del servicio que interrumpa o bloquee un servicio cuando ellos lo encuentren oportuno antes de llegar a la vÃa judicial. Además, el documento no diferencia entre páginas web y otro tipo de servicios (por ejemplo, conexiones de particulares usando programas P2P) y deja caer el 99% del "marrón" sobre la empresa prestadora del servicio, cuya función queda básicamente reducida a "hacer lo que diga la SGAE, sà o sÃ", independientemente de que se violen acuerdos y contratos con el cliente. Encontrarás más información en la
asociación de Internautas.
Patético.